La violencia es lo opuesto a la cultura, y para proteger la cultura y el orden social, es necesario que los Estados y sociedades tengan mecanismos para preservar y defender sus valores y realidades. Sin embargo, esta defensa no debe ser dejada a la opinión individual de cada ciudadano o grupo, ya que esto puede llevar a la anarquía y la violencia.
Por eso, la única fuerza que está constitucional, legal y socialmente admitida para ejercer esta defensa es la Fuerza Pública, que incluye a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Su objetivo principal está claramente definido en la Constitución y las leyes.
Si los miembros de la Fuerza Pública exceden sus funciones y no cumplen con lo establecido en la Constitución, específicamente en los artículos 217 y 218, sus acciones no serían legítimas y podrían ser consideradas como actos de violencia. La Fuerza Pública debe actuar dentro de los límites establecidos por la ley para mantener su legitimidad y proteger efectivamente la cultura y el orden social.
